Buenas,
Llevo unos cuantos días leyendo en sigilo todo lo que está acontenciendo con la Ley de Economía Sostenible, la reacción de la red, la postura de los políticos y el resto de actores involucrados. El tema, como es lógico, está dando para mucho, y para más que va a dar.
Definitivamente no doy crédito a lo que está pasando. Somos el único país del mundo en el que el Ministerio de Cultura cree que la mejor manera de fomentar y conservar los activos culturales es aplicar la censura y el control por fuera de los juzgados para que los derechos de autor prevalezcan. Y qué mejor que intentar meter de tapadillo en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible una sección que pretende, sin que exista mediación judicial, que se pueda cerrar una página Web porque un presunto comité de expertos decida que sí, que hay que cerrarla. Lo que no se hace ni con webs pedófilas, ni con otros servicios ilegales como el robo de credenciales, la venta ilegítima y una extensa lista de actividades ilegales que día a día, por desgracia, aparecen en la Red, se pretende hacer con las descargas en Internet. Ver para creer.
A la luz de los hechos, todo apunta a que el Ministerio de Cultura dista mucho de comprender la implicación y la transformación de la cultura a consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías. De momento da la sensación de que tiene en mente únicamente repartir nuestro dinero al deficitario mundo del cine español, más muerto que vivo (e incapaz de ser rentable por sí mismo), y poner en pie de guerra a los internautas.
Yo no coy a cargar ni contra los artistas, ni contra sus asociaciones, porque aunque es muy discutible la postura de ambos, no dejan de hacer lo que se les permite hacer. Buena parte de los primeros pretende vivir a cuerpo de rey por los derechos de autor por los siglos de los siglos, y los segundos, se centran en obtener ingresos millonarios por defender esos derechos. A los que hay que apuntar con el dedo son a aquellos que permiten que ambos puedan hacer lo que les plazca, porque son ellos los que pueden ponerle freno a la sinrazón que rodea al mundo de la gestión de derechos y a las barbaridades que sufrimos los ciudadanos, como por ejemplo, que el canon por copia privada esté gestionado por una empresa privada, y no por la Administración, y que haya que satisfacerlo preventivamente en todas las ocasiones, vaya que nos dé por violar los derechos de autor. Algo tan ridículo como pasar preventivamente un mes de cárcel cuando compramos un cuchillo, vaya que lo usemos para matar a alguien.
Como no podía ser de otro modo, quiero unirme al manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, el cual cito a continuación:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Os dejo un artículo de Antonio Domingo que creo que ilustra muy bien de qué va todo este asunto.
Espero que algún día alguien con sentido común frene esta barbarie y se sienten de una vez bases responsables para que todos los implicados salgamos beneficiados de una manera equilibrada y consensuada: artistas, sociedades de gestión y usuarios. Creo que España tiene ya demasiados problemas estructurales que requieren soluciones urgentes como para andar perdiendo el tiempo en criminalizar, molestar y perseguir a los usuarios de Internet porque la industria cultural es incapaz de encontrar alternativas modernas, eficaces, creíbles, asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales para poder sobrevivir.